lunes, 4 de marzo de 2013

Doce propuestas del PCAS para ordenar el territorio

(c) Castilla Despierta

La Agrupación de Segovia del PARTIDO CASTELLANO (PCAS), el tercer partido en la provincia en número de alcaldes y concejales electos,  ante las informaciones sobre los planes de la Junta de Castilla y León para la Ordenación del Territorio y ante el devastador anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, presentado el 15 de febrero de 2013 por el Gobierno de España, ante las incoherentes opiniones al respecto del PP y PSOE, y frente a las disparatadas opiniones de UPD que aparecieron en EL NORDESTE DE SEGOVIA de Enero 2013 quiere manifestar :                                                                                                                

1º. Que el Partido Castellano (antes TIERRA COMUNERA) lleva 25 años proponiendo la organización de Castilla y de Segovia en comarcas donde los representantes de los pueblos,  ciudadanos de a pie, puedan exponer sus opiniones y defender sus intereses frente al poder demoledor de las autoridades autonómicas y nacionales. Una ordenación racional del territorio debe  basarse en el servicio a los ciudadanos y no en el interés de los partidos políticos .                                                                                                                                                       

2º. Que es imprescindible que se siga respetando la existencia de todos y cada uno de los municipios existentes y que las agrupaciones o comarcas no pueden tener otro objetivo que aunar esfuerzos para financiar y mejorar la calidad de vida en el medio rural. El PCAS afirma que la existencia de pequeños municipios -que desde hace más de mil años han coexistido y dinamizado la vida de esta tierra- constituye un rasgo clave de la identidad diferenciada de Castilla. Si los municipios son suprimidos  al estilo en que lo hizo Ceauscescu en Rumanía, los responsables cometerán un atentado  contra los derechos de los habitantes rurales, contra su  forma de vida y contra su tradición democrática milenaria. Además de que estos municipios tienen una importancia global indudable para todo el territorio, tanto rural como urbano.                                                                                                                                                     

3º. Que los habitantes de las zonas rurales son más conscientes que nadie de su debilidad económica y social, que saben que su futuro depende de su unión frente a los problemas que les acechan, pero no están dispuestos a que sus pueblos dejen de existir  en aras de una supuesta modernidad que en realidad es un retroceso de mil años en Democracia, en Libertades  y en Justicia.                                                                                                                                 

4º. Que la prevista nueva ordenación del territorio no puede ser un pretexto para una nueva  desamortización de los bienes patrimoniales (el agua, el suelo, los bosques, las actividades económicas tradicionales, el aprovechamiento cinegético,  etc.) y de los bienes culturales que existen en los municipios actuales. Lamentablemente, ésta es la dirección que apunta la propuesta del 15 de febrero del Gobierno:  no respeta la autonomía local, condena a los municipios de menos de 20.000 habitantes que no cumplan los baremos gubernamentales a ceder sus atribuciones a la Diputación Provincial, deja abierta la puerta al vaciado de competencias de cientos de ayuntamientos de Castilla, a la confiscación de sus bienes y de las propiedades comunitarias.                                                                                                                                                

5º. Que la prevista nueva ordenación del territorio, no puede ser un pretexto para que las empresas privadas hagan negocios con las necesidades de los habitantes de los núcleos rurales  cuya población está envejecida, muy dispersa y con unas carreteras precarias siempre, pero francamente peligrosas en invierno.                                                                                                          

6º. Que los habitantes de los pueblos tienen los mismos derechos que los habitantes de las ciudades, según recoge la Constitución Española. Que la Sanidad, la Educación y las ayudas a la Dependencia son imprescindibles e innegociables. Si los pueblos pequeños de Segovia  desaparecieran como entidades jurídicas autónomas  -lo que son ahora- con sus propios medios y recursos económicos,  los servicios públicos pasarían a ser privados y cualquier servicio (reparar una fuga de agua, una farola rota, un bache, etc.) lo tendrían que pagar los usuarios de los pueblos al precio que impusieran las compañías privadas que los prestase. En cualquier caso  a precios más altos que los habitantes de las ciudades, lo que crearía una situación de discriminación. Y un país que establece clases entre sus ciudadanos es un país que está llamando a las puertas del caos y de la inestabilidad social.                                                                                                          

7º. Los representantes electos, alcaldes y concejales de los pueblos de Segovia, la mayoría de ellos del PP y del PSOE, tienen ahora más que nunca y por encima de todo  la obligación de defender los intereses de la gente de sus pueblos,  sus representados, antes que los intereses momentáneos de los partidos por los que fueron elegidos.  Algunos de estos alcaldes y concejales ya lo han hecho y eso los honrará para siempre.                                                                                                                                                         

8º.Que El Partido Castellano (PCAS) tiene la certeza de que los pequeños municipios de Segovia y de Castilla no crean déficit ni a la Comunidad Autónoma ni al Estado pues generalmente están saneados, sus alcaldes y concejales no suelen cobrar por su función de alcaldes ni por los múltiples servicios que prestan, los vecinos participan más en las tareas comunales que los habitantes de las ciudades.                                                                                                                                           

9º. Que la cifra que barajan algunos partidos de que se ahorrarían 7.130 millones de euros con la supresión de los municipios pequeños  son  una mentira interesada pues los pequeños municipios son los que más baratos salen al Estado. En todo caso, si ese razonamiento se llevase a sus últimas consecuencias y se aplicara con rigor este criterio económico, habría que suprimir los ayuntamientos en que se ha enseñoreado la corrupción, el despilfarro o déficits gigantescos, empezando por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, etc.                                                                                                

10º. El Partido Castellano (PCAS) considera igualmente que las diputaciones provinciales no tienen razón de ser pues nunca jamás han cumplido con su obligación fundacional de apoyar el progreso de los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Casi desde el origen han servido únicamente para beneficio de las capitales provinciales o de los municipios grandes y para ser el coto del caciquismo tradicional de esta tierra. Por tanto los trabajadores y los servicios que prestan las diputaciones deberían pasar íntegramente a ser encuadrados en los organismos del Gobierno Autonómico o de las comarcas resultantes.                                                                            

11º. El Partido Castellano (PCAS) denuncia las propuestas del PP porque tendrán consecuencias dramáticas sobre el medio rural de la provincia, agudizando la despoblación y el envejecimiento de los pequeños pueblos que además padecen el recorte galopante de la prestación de recursos  educativos, sanitarios y de los transportes públicos.                                                                                                                         

12º. El Partido Castellano (PCAS) recuerda, finalmente, que en Castilla los pequeños municipios autónomos y democráticos han sido el fundamento de nuestra Historia. Su pervivencia es  la garantía de que los bienes y riquezas de todo tipo que hay en ellos -el agua, la tierra, los bosques, el viento- no sean comprados o vendidos o liquidados por gestores sin escrúpulos al mejor postor. Los pequeños municipio constituyen un tejido que nos enriquece a todos los castellanos y que nos garantiza más democracia y un futuro más justo para nuestros hijos.